Argentina Productiva

Economía

La madre de todas las batallas

Los gobernadores, en pie de guerra.

Por Hugo Flombaum (*)

No… no es a las elecciones de la provincia de Buenos Aires a la que me refiero. Es, a definir si lograremos un acuerdo que nos permita refundar una Nación trunca que no logra aprovechar su potencial económico y social.

El 6 de septiembre, se reunieron varios gobernadores y mostraron su preocupación sobre lo que en realidad será la batalla que definirá el curso del gobierno del presidente Macri.

En un acto de audacia y de responsabilidad, con el implícito apoyo del presidente, Maria Eugenia Vidal, luego de recorrer los estamentos institucionales que corresponden, se presentó ante la Corte Suprema de Justicia a reclamar los fondos que en su momento el gobernador Duhalde había logrado y que en una negociación posterior había perdido.

El Fondo del Conurbano, así su nombre, vino a remediar una tremenda anomalía, resultado del esquema de reparto heredado de la dictadura y del que se sancionó durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

En general, cuando se habla de coparticipación federal de impuestos, por uso y costumbre, lo asociamos a la masa de dinero recaudada por el gobierno nacional y derivada a los gobiernos provinciales. Pero, en realidad, es también un acuerdo entre el Estado nacional y el conjunto de las provincias de dónde, cómo y para qué usan los fondos aportados por el pueblo, a través de los impuestos y de la renta obtenida por la venta de la producción nacional.

Cuando una Nación define cómo reparte sus recursos, define el curso de su futuro.

Al renacer la democracia en 1983, con la debilidad que heredamos de la dictadura y con la errónea decisión de algunos funcionarios civiles de la última etapa militar, se fortaleció a las provincias más pequeñas en detrimento de las más grandes, al otorgarles un mínimo de diputados por provincia, independientemente de la cantidad de habitantes.

En el mismo sentido la ley de coparticipación federal de 1988 derivó fondos de la provincia de Buenos Aires a provincias menos desarrolladas.

La consecuencia más elocuente de esta forma de reparto de recursos federales generó provincias chicas con estados deficientes y economías pobres y en su gran mayoría expulsores de su población más joven. Y por otro lado provincias grandes, fundamentalmente Buenos Aires, con superpoblación, sin la infraestructura necesaria y con crisis en sus grandes ciudades en todos los servicios que el estado debe garantizar.

Es decir que si con el reparto de fondos acordados tuvimos estas consecuencias podemos concluir que ese reparto no es el mejor, para lograr un desarrollo equilibrado de nuestro territorio.

Es de uso de parte de los gobernadores argüir que ese reparto es la manera de garantizar el federalismo. En realidad, lo que se garantizó es el feudalismo.

Esa voracidad por más recursos para los estados provinciales más pequeños no sólo obstruye y perjudica el desarrollo de las zonas más desarrolladas, sino que garantizan el subdesarrollo de las provincias que pretenden fortalecer.

Distinto sería, que se aplicaran programas de apoyo a las economías regionales, que permitirían el desarrollo económico y social de las provincias más postergadas y que sea ese el círculo virtuoso que financie a su estado provincial.

La “batalla” encarada por la provincia de Buenos Aires, encierra no solo la ecuánime reivindicación de un reparto justo de sus recursos sino, además, que esa provincia pueda lograr la independencia política y económica que la sojuzgó al propio estado nacional desde su nacimiento, al punto de perder la identidad de sus habitantes.

Es común que cualquier habitante de Córdoba, Chaco, Mendoza o Corrientes se autodenominen cordobés, chaqueño, mendocino o correntino, pero no es común que un marplatense o bahiense se autodenomine bonaerense.

Ese logro será esencial para que la democracia se consolide y para que la cultura de la producción y el trabajo se imponga a la cultura de la renta y la dádiva.

Un desarrollo territorial se basa en que las poblaciones se arraiguen y sus familias se desarrollen en el lugar donde nacen. Si un territorio expulsa a sus hijos, ese territorio no tiene futuro, ese futuro no se compra con recursos fiscales mal gastados. Sólo si se retiene a los jóvenes con trabajo y expectativas de un futuro venturoso, se podrá lograr.

Las elecciones de 2015 y por lo acontecido en las elecciones de 2017, el partido gobernante consolida su poder en las provincias centrales de nuestra Nación, la zona más poblada y productiva.

Con ese poder podrá encarar la “madre de todas las batallas”, la que promueva una reforma impositiva que aliente la producción y desaliente a la renta como objetivo.

La que enfrente a los estados provinciales y municipales a la necesidad de repensarse en función de servir a la producción y no de obstruirla.

En esa reforma tributaria es indispensable que la provincia de Buenos Aires recupere sus recursos, con el compromiso de minimizar la tasa de ingresos brutos, eliminar impuestos distorsivos al consumo eléctrico, al gas, a los sellos y una cantidad enorme de tasas que financian organismos inútiles para el desarrollo del aparato productivo.

Sin producción no hay empleo sustentable y sin empleo de calidad no hay posibilidad de recuperar la movilidad social que caracterizó a nuestra sociedad.

Una economía con malos cimientos no sólo genera consecuencias extremadamente difíciles de manejar para los equipos económicos, sino también, consecuencias políticas y sociales que derivan en crisis institucionales, que inviabilizan el desarrollo como Nación.

Si los poderes institucionales de los estados, nacional, provincial y municipal, son conducidos por sectores no comprometidos con la producción y preocupados por la extracción de la renta, genera que las instituciones intermedias empresariales y sindicales también sean conducidas por sectores parasitarios del erario público, de esa manera cualquier reforma es muy difícil de abordar.

Es esencial que las instituciones, tanto estatales como sociales se comprometan con el plan productivo. Ni la UIA puede ser conducida por empresarios subsidiados, ni la CGT puede ser conducida por sindicatos representativos de trabajadores estatales.

El compromiso por lograr una nación productiva, competitiva y moderna debe ser de todos los sectores.

Una Nación que so pretexto de fortalecer a las provincias más débiles inviabilice a su provincia más pujante, renuncia a su propio desarrollo.

(*) Ex presidente de ESEBA (Empresa de Servicios Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires) // Empresario

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